El Gobierno de España estudia qué hacer con la subvención de 20 céntimos por litro, que entró en vigor el pasado 29 de marzo como medida para paliar los efectos de la inflación en las familias y que, en principio, finaliza el próximo 31 de diciembre.
Manel Montero, director general de Grupo Moure, admite que esta rebaja “es un gran desastre para el freno del incremento de los precios y por lo tanto de la inflación”, asegurando que “la ayuda ya nos ha costado más de 4.500 millones de euros”.
Con el objetivo de aliviar la carga económica de las familias ante una desbocada inflación, el Gobierno de España decidió instaurar un descuento de 20 céntimos por litro de combustible el pasado 29 de marzo. Tras prorrogarse hasta el 30 de septiembre y de nuevo hasta el 31 de diciembre, el Ejecutivo se cuestiona su viabilidad a partir de 2023. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la intención es que deje de ser generalizada.
“La ministra Ribera ha confirmado que el Gobierno central estudia si amplía las bonificaciones al carburante entre otras medidas para familias y empresas más allá del mes de diciembre”, señala Manel Montero, director general de Grupo Moure, añadiendo que esta ayuda “ha sido fuertemente criticada por el sector desde su inicio porque ha causado un verdadero caos en la gestión del ‘cash flow’ de las gasolineras”.
Esta bonificación tenía como objetivo amortiguar la incidencia de la guerra en Ucrania en el bolsillo de los españoles, beneficiándose de un descuento a la hora de repostar en las estaciones de servicio. “No nos cansamos de señalar la bonificación como un gran desastre para el freno del incremento de los precios y por lo tanto de la inflación”, manifiesta el directivo de Grupo Moure. En este sentido, si bien el precio por llenar el depósito guarda cierta distancia frente a los máximos alcanzados este verano, el desembolso actual sigue estando muy por encima de lo razonable.
Además de no haber conseguido el efecto deseado debido al encarecimiento de los combustibles, se está aprovechando este descuento para repostar más de lo habitual. La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) indica que, entre enero y septiembre de 2022, el consumo de combustibles de automoción creció un 4,3% respecto al mismo periodo de 2021, un 11,2% para la gasolina y un 2,6% para el diésel.
Una medida cara que no llega a quien más lo necesita
El coste de este incentivo para las arcas públicas ya está muy por encima de las previsiones iniciales. “Solo la bonificación de los carburantes nos habrá costado más de 4.500 millones de euros este ejercicio”, puntualiza Montero. Un coste que se elevaría a 6.774 millones de euros de trasladarse al año que viene, tal y como reflejan los cálculos de la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF).
Por otro lado, este organismo afirma que las personas con ingresos más altos se embolsan el 13,4% de lo que cuesta esta subvención, mientras que los hogares más pobres solo el 4,7%. “Este es el verdadero problema de realizar rebajas generalizadas y sin discriminación de renta”, añade Montero, “que todo el mundo se beneficia, y proporcionalmente en este caso, las rentas más altas».
Es por ello que desde Grupo Moure insisten en que la bonificación a los carburantes es, junto con la gratuidad de los trenes de media distancia, “una de las ayudas que peor se reparten entre ricos y pobres”. Desde el Gobierno justifican que la imposición de esta medida de forma generalizada fue una decisión de emergencia ante las dificultades económicas que estaba atravesando la población, pero se está estudiando que su aplicación a partir de 2023 quede restringida a los colectivos más vulnerables, tales como familias con rentas ajustadas y profesionales.